Programa de Lucha año 2006

 A continuación documento realizado por varias inquilinas e inquilinos en el año 2006 como inicio y desarrollo del movimiento de inquilinos:

             

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE VIVIENDA  DE INQUILINOS DE LA PARROQUIA SAN PEDRO

(O.C.V.I. SAN PEDRO)

 

PROGRAMA DE LUCHA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE VIVIENDA DE INQUILINOS DE LA PARROQUIA SAN PEDRO

 La vivienda es un derecho  constitucional y fundamental de los seres humanos; ante la grave situación social en la que se encuentran los inquilinos, ante la gran cantidad de abusos y vejaciones hacia estos por parte de los propietarios y ante la inseguridad jurídica que brinda un marco  legal hecho a los intereses de los poderosos,  los habitantes de la Parroquia San Pedro, familias de insuficientes recursos, que aún no tenemos la dicha de poseer una vivienda digna y propia, decidimos constituir una organización que tiene como objetivo fundamental proteger y salvaguardar los derechos de los inquilinos que habitan inmuebles dispuestos para vivienda.

El inquilinato representa un sistema esclavista en la que una  parte de la sociedad, por el solo hecho de poseer  un gran capital económico, se apropia durante décadas de un porcentaje del salario de cientos de miles de familias trabajadoras, las cuales pagan un canon de arrendamiento durante años y al final no poseen una vivienda digna, no poseen  siquiera la seguridad de poder pasar sus últimos años en el inmueble donde habitaron toda su vida. Esto se  observa día a día en nuestras ciudades donde personas, entre las que se encuentran niños, madres y ancianos, son arrojadas a la calle   a través de tribunales o  de procesos coactivos. Estos hechos ligados a la gran cantidad de irregularidades y manipulaciones jurídicas de la que son víctimas a diario los inquilinos desenmascaran y rebelan el carácter explotador e inhumano de esta práctica económica;  en un Estado democrático, social, de justicia y de derecho como el nuestro, no se debe permitir este tipo de sistemas, cuyo principal fin es fomentar la apropiación legalizada de la vida  de miles de familias  por parte de unos cuantos “latifundistas de concreto”.

El análisis económico de esta práctica determina que el inquilinato es un parásito mercantil, ya que representa un servicio que no aporta nada al desarrollo de las fuerzas productivas sino que más bien contribuye al atraso de las mismas. Extinguir este sistema acarrearía un doble beneficio económico, en un principio ese 40% de ingresos que cancelan en promedio las familias por concepto de alquiler quedaría liberado y podría ser invertido en desarrollo y capacitación de mano de obra, tecnología y medios   de producción. En un segundo plano el dinero que reciban los propietarios como pago por sus inmuebles también puede ser invertido en producción y desarrollo tecnológico, lo que por ende impulsara el desarrollo del país

Extinguir el inquilinato traerá un beneficio social, ya que ayudará a acabar con el déficit de viviendas existente en el país, garantizará el acceso de miles de familias a una vivienda digna e  impulsará el desarrollo económico del país.

La lucha de la organización  debe llevarse en varios frentes con el fin de acabar con ese proceso inhumano y explotador que es el alquiler  de viviendas familiares; al analizar desde distintos ángulos y desde distintos puntos de vista lo que es el inquilinato, concluimos que este sistema no contribuye en ningún aspecto al desarrollo del país, sino que más bien lo frena.

Por lo tanto decidimos presentar este programa de acción con el fin de ir alcanzando paulatinamente nuestras metas, e ir obteniendo victorias tácticas que  permitan lograr nuestros objetivos estratégicos. 

1) ORGANIZACIÓN DE LOS INQUILINOS EN TORNO  A LA NUEVA VISIÓN DE SOCIEDAD, DONDE LA VIVIENDA NO SEA CONSIDERADA UN NEGOCIÓ.

Los inquilinos y la clase media en general, por nuestra posición dentro de la sociedad nos hemos  aislado de ella, formándonos una visión y concepción  individualista sobre los asuntos y problemas que se presenta en la vida, creyendo que “nuestras dificultades”, no  son las mismas por las cuales  esta padeciendo nuestro vecino o amigo. Un ejemplo de esto los podemos presenciar día a día con los compañeros que viven en condición de Inquilinos, ya que si hoy  vienen a desalojar arbitraria e injustamente  al compañero o vecino de al lado, lo mas seguro que nuestro pensar sea “que eso no me corresponde y mucho menos es mi problema”, pero para cuando llegue el momento y vengan a desalojarme a mi, ya no quedaran  inquilinos, amigos o compañeros que apoyen o defiendan nuestro derecho irrefutable a una vivienda digna y estable.  

Esta problemática de la Vivienda y del Inquilinato en general, es muestra de que si lo enfrentamos  individualmente solo algunos pocos lograrán subsanar esta dificultad (los que posean una mejor situación económica), mientras la gran mayoría que somos profesionales, empleados, asalariado, obreros, etc. no encontraremos la medida más adecuada. Es por ello que la forma y manera mas idónea  de atacar esta problemática y encontrar una solución digna y justa, es asumirnos parte de esta sociedad que no posee vivienda y que ha sido atropellada  históricamente por estos propietarios que ven el hogar y la familia como una simple manera de  obtener divisas (capital). Organizados en comunidad  y convencidos de nuestra lucha, lograremos llegar a soluciones directas entre inquilinos-propietarios, detener desalojos ilegales e inhumanos y solicitar al gobierno nacional, regional y municipal que sirva de intermediario para garantizar así el derecho a la vivienda, familia y vida que tenemos cada uno de los venezolanos.

Cada inquilino por separado es presa fácil para los latifundistas de concreto y los poderosos imperios económicos que los representan, pero unidos representamos una fuerza popular que merece respeto, ya que cuando traten de intimidar o de perjudicar  una familia, no se enfrentará a una sola persona, sino a una organización de muchas familias, dispuestas a no permitir  atropellos.

Por esto la importancia de una organización que no dependa solo de su dirección, sino que este estructurada desde sus bases, articulando todos sus miembros de forma tal que el colapso de una de sus partes no afecte la estructura central de la misma   

 

2) DETENER LOS DESALOJOS, RED DE COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN

Durante los últimos  meses hemos apreciado como los llamados latifundistas de concreto han incrementado sistemáticamente sus amenazas y acciones con  respecto  a los desalojos masivos en aquellos edificios destinados al arrendamiento, dejando en la calle y  convirtiendo en nómadas  a centenares de familias. Todo esto  debido a la avaricia  del propietario,  al ver que sus negocios (edificaciones),  no se encuentran produciendo la cantidad de dinero que su psiquis explotadora le plantea.

Han trascurrido tres años, desde que el gobierno nacional tomo la medida de congelar los cánones de arrendamiento, está medida a sido prolongada hasta la actualidad, impidiendo que los propietario especulen con los precios de alquiler de la vivienda. En vista de las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional, estos señores capitalistas (propietarios) han venido ejecutando un  plan que consiste en desalojar  a las personas que residen  en condiciones de alquiler, sin importar de ninguna manera el tiempo que estos lleven en la vivienda y mucho menos las condiciones humanas de los inquilinos, para luego proceder a realizar otro contrato de alquiler con mayores montos o alquilar dicha vivienda con carácter de oficina ya que estas no poseen ningún tipo de regulación. En muchos casos los propietarios le han pasado por encima a este decreto, valiéndose de artimañas jurídicas que le permitan elevar de una manera exagerada e ilegal el canon de arrendamiento.

Es por ello necesario que la comunidad organizada, comience a unificase con mayor contundencia, creando  redes de comunicación y movilización, para así lograr de  manera  efectiva que  vecinos y comunidad ejerzan el poder popular y detengan  los desalojos arbitrarios e inhumanos que se quieran realizar  a cualquier  familia de la colectividad. A la hora de presentarse un desalojo, los inquilinos del sector deben estar organizados de forma tal que estén entrelazados entre si, con canales de comunicación permanentes que permitan que en ese momento, los miembros de la organización y la comunidad en general hagan acto de presencia y de forma pacifica eviten que una o varias familias queden en la calle. Todo esto sin promover ni practicar la violencia, son ellos quienes la practican con sus violentas arremetidas tanto físicas como psicológicas contra la población venezolana.

Se deben formar comisiones que acudan a los distintos entes del Estado con el fin de evitar que las fuerzas de seguridad o de represión participen en estos actos violatorios de los derechos humanos. 

3)  REGULACION DE LA VENTA DE LOS INMUEBLES DE VIEJA DATA EN SITUACION DE ALQUILER Y DE TODAS LAS VIVIENDAS DEL MERCADO SECUNDARIO  EN GENERAL

A finales del año 2002, la especulación en la fijación del canon de arrendamiento,    por parte de los propietarios de  edificios en alquiler y en especial  de los de vieja data, estaba desbordada y al ser el alquiler de vivienda un servicio de primera necesidad se estableció que los precios de los mismos  serían fijados mediante una resolución conjunta de los Ministerios de la Producción y Comercio e Infraestructura  según Decreto Nº 2.304 del 05 de febrero de 2003, publicado en Gaceta Oficial Nº 37.626 de fecha 6 de febrero de 2003. Luego en abril de 2003 los Ministerios de Producción y Comercio e Infraestructura emiten una Resolución conjunta publicada en Gaceta Oficial Nº 37.667 de fecha 8 de abril de 2003, mediante la cual se declara el congelamiento de los cánones de arrendamientos de los inmuebles destinados a viviendas, medida ésta que consideramos justa y necesaria para evitar el atropello de los propietarios de los inmuebles hacia los inquilinos. Este congelamiento se ha ido prorrogando sucesivamente desde la fecha de su emisión.  

Por todo esto los dueños se han visto imposibilitados, en cierta parte, a seguir explotando sistemáticamente a los inquilinos y  a no poder obtener las grandes sumas de dinero que antes obtenían a costa de los arrendatarios.   

            Esta situación a llevado a los propietarios de los edificios a demostrar  su verdadera cara y su papel dentro de la sociedad y han comenzado a realizar la venta de los inmuebles en alquiler a precios que no van acorde con edificaciones  que tienen 20, 30, 40 y hasta 50 años de construidos, con la particularidad de que las condiciones de la venta son prácticamente imposibles de cumplir para los inquilinos, pues aparte  de los costos muy elevados y especulativos, la mayoría de los alquilados son personas trabajadoras asalariadas y no poseen un alto poder adquisitivo e incluso, en muchos de los casos, estamos hablando de personas de la tercera edad y desempleados, que no tienen ingresos económicos regulares y suficientes para poder adquirir dichas viviendas.   

Por todo esto uno de los objetivos de la Organización Comunitaria de Vivienda de Inquilinos de la Parroquia San Pedro es una justa regulación de la venta de las viviendas en especial las de vieja data. Incluso antes de una regulación   debemos luchar por una congelación de la venta de estos  inmuebles, pues se están realizando ventas en donde los parámetros y las cláusulas  no garantizan para nada que los inquilinos de bajos recursos económicos puedan obtener  una vivienda propia.

A pesar de no existir una regulación de la venta de  viviendas en alquiler y de las del mercado secundario en general, existe un parámetro que utilizan la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos ( APIUR ), que son las asociaciones que agrupan a los latifundistas de concreto,  las cuales  se basan en la supuesta “mano invisible del mercado” para establecer parámetros de venta de dichos inmuebles en donde no hay ningún respeto por los derechos de las mayorías y en donde se evidencia la constitución de grandes monopolios dedicados a la usura, especulación y cartelización en el “mercado inmobiliario”.

La congelación de la venta de los inmuebles de vieja data en situación de alquiler la vemos  necesaria pues ya existen ofrecimientos de ventas a precios especulativos con condiciones de pago  a corto plazo lo que está generando que los ciudadanos no puedan acceder a la compra de dichos inmuebles y solo la clase económicamente pudiente pueda adquirir las viviendas. Además  estas negociaciones van en contra de disposiciones establecidas en la Constitución Bolivariana de Venezuela, como se señala en sus artículos números 82, 113 y 114.    

La regulación o control de los precios de los inmuebles debe realizarse considerando todos los aspectos necesarios para un valor justo y no solo con los parámetros usados por la Cámara Inmobiliaria, APIUR y Fedecámaras, en donde consideran  aspectos que no garantizan un verdadero precio de los bienes inmuebles y en donde siempre terminan encontrando como solución definitiva la nivelación de la oferta y demanda, que lo que ha demostrado es reproducir el problema una y otra vez, pues los grandes grupos económicos que controlan el mercado son los que salen beneficiados y no las mayorías.

En la regulación de los precios de las viviendas que debe llevar a cabo el Ejecutivo Nacional no solo debe participar, como lo está haciendo, los empresarios a través de sus distintas organizaciones, sino que también debe de dársele participación  a la otra parte afectada,  los inquilinos y  el pueblo en general, que hablando cuantitativamente y cualitativamente tiene un gran peso para encontrar un verdadero equilibrio y lograr la igualdad de condiciones. 

Hay que  destacar el lenguaje que están utilizando los grupos económicos anteriormente señalados, en donde predican que “si se toma la medida de control de los precios de las viviendas  esto  va a generar un clima de desconfianza en la inversión privada”. Esto es totalmente falso desde nuestro punto de vista, pues a la inversión privada se le ha dado toda la oportunidad para que desarrolle la construcción masiva de viviendas multifamiliares y los mismos nunca  le van a dar un carácter social.

Por este último punto  otro objetivo de la organización a mediano plazo es que se acabe la condición parásita  de los entes privados dedicados a la construcción  de inmuebles para viviendas, pues su misión y visión nunca ha sido dirigida para  crear una política que genere  bienestar social y colectivo para reducir el problema del déficit habitacional. Este parasitismo se puede observar cuando ni siquiera invierten un capital para la construcción de viviendas, pues el mismo proviene en muchos casos del bolsillo  de los ciudadanos y ciudadanas,  que le entregan a las empresas privadas una inicial para la construcción de las viviendas y estas últimas no arriesgan ni siquiera  grandes cantidades de dinero en financiamientos.

He aquí donde encontramos dos intereses en contradicción: por un lado el interés de los empresarios en obtener cada vez mayores ganancias a costa de los inquilinos y la población en general, y por otro lado el interés de las miles de personas que no poseen vivienda propia, por lo cual a través de esta regulación o control de los precios de las viviendas  se puede solucionar en gran parte el problema  de una gran mayoría.         

4) GENERAR UN NUEVO MARCO JURÍDICO EN TORNO AL TEMA DEL ARRENDAMIENTO Y LA VIVIENDA  EN GENERAL

La lucha de la organización no puede remitirse a buscar soluciones puntuales al problema del inquilinato, nuestra lucha debe ir mas allá de una simple lucha reivindicativa, debe reclamar una solución estructural y definitiva a esta ignominiosa realidad, debe ser una solución definitiva, para que ni esta, ni  futuras generaciones sufran la desasistencia jurídica que existe hoy en día.

Entendemos que lo que le permite a los propietarios actuar con una supremacía  descarada contra los inquilinos, es el marco legal vigente. Un marco legal que proponemos se estudie a fondo por todos los inquilinos para que se pueda apreciar lo reaccionario de su contenido. Esté que fue realizado a puerta cerrada, especie de conclave moderno, en la que solo fueron escuchadas las inquietudes de los propietarios (Cámara Inmobiliaria) y en la que solo fueron defendidos sus intereses, nosotros como organización creemos ciegamente en los poderes creadores del pueblo y por lo tanto exigimos que el nuevo marco legal surja como manifestación del pueblo organizado en la defensa de sus intereses, ya que solo nosotros los inquilinos sabemos cuales son las artimañas de los latifundistas de concreto y a ciencia cierta cuales son las vicisitudes  que ello requiere. 

Se debe promover una ley que se discuta desde las bases y en la que participen todos los factores de la sociedad, una ley cuyo preámbulo no promueva más capitalismo, monopolio y explotación, sino que promueva socialismo, igualdad y liberación. Una ley hecha por el pueblo y para el pueblo, no para que se beneficien unas pequeñas cúpulas, una ley que reconozca el inquilinato como una forma de explotación y que enmarque políticas que vayan en torno a su desaparición, con el fin de que cada familia pueda acceder a una vivienda digna.

5) LA OBTENCIÓN DE LAS VIVIENDAS POR PARTE DE LOS INQUILINOS A TRAVÉS DE LA EXPROPIACIÓN O DE CUALQUIER OTRA VÍA.

Como organización, debemos establecer distintos frentes de lucha que tengan como fin la adquisición de  viviendas por parte de los inquilinos; los procesos de expropiación  son fundamentales y son bandera de lucha, sin embargo no corresponden la única forma de alcanzar el fin propuesto, debemos dirigir nuestro accionar a que se desarrolle una política de Estado que tenga como fin extinguir este sistema.

 Apoyamos  y promovemos las medidas tomadas por el Cabildo Metropolitano de Caracas y la Alcaldía Mayor que señalan que todos aquellos edificios que posean cierta data y sean  utilizados para la explotación, estarán  expuesto a la medida de expropiación con carácter de utilidad social (Gaceta Nº 0050 del 23/02/06), desde ningún punto de vista se debe permitir que los inquilinos paguen 1, 2 y hasta 5 veces el costo de las viviendas.

 El proceso de expropiación  a sido vilipendiado  por aquellos que poseen gran poder económico y que se han encargado de imponer un sesgo ideológico a las capas medias de la sociedad con el fin de proteger sus privilegios, la expropiación es una institución de derecho publico que tiene sus orígenes en la antigua Roma y ha estado presente en nuestro marco constitucional desde hace mucho tiempo, obras trascendentales como las principales autopistas del país y el Metro de Caracas, no hubieran podido realizarse sin hacer un adecuado uso de este recurso. La expropiación consiste en la adquisición por parte del Estado de una propiedad para darle una utilidad pública o social, esto esta enmarcado en una ley especial, la cual tiene un procedimiento que garantiza que las negociaciones entre el Estado y los particulares lleguen a términos beneficiosos para ambos, el propietario reciba un pago justo por su propiedad y el Estado pueda cubrir alguna necesidad pública o social con el bien. 

En el caso particular de los inquilinos este procedimiento podrá hacer realidad el sueño de muchas familias de obtener una vivienda digna a un precio justo y en condiciones acorde con sus posibilidades económicas y materiales.  Permite simplificar trámites de negociación en aquellas edificaciones que debido a sus características actuales no puedan ser pasados fácilmente a propiedad horizontal. Esta organización debe impulsar el rescate de estos procesos y dignificarlos ante la opinión pública, con una campaña comunicacional que parta desde las bases y llegue hasta las más altas esferas de la opinión publica nacional e internacional.

Uno de los argumentos que siempre manifiestan los defensores de lo indefendible, es que medidas como esta paralizarán la construcción de viviendas destinadas al alquiler. El Estado social, de justicia y de derecho, no debe permitir la construcción de este tipo de edificaciones ya que no solucionan el problema de la vivienda y solo contribuyen a que se mantenga la explotación del hombre por el hombre.  En cambio debe implementar políticas públicas que permitan que este tipo de edificaciones sean adquiridas por las familias pagándole un precio justo a sus constructores. Los inquilinos y el pueblo en general manifestamos que no queremos amos sino socios, no queremos esclavitud sino libertad, no queremos miseria sino dignidad.  

La lucha es larga y no será fácil, pero sin embargo la llevaremos hasta sus últimas consecuencias, nuestras razones y nuestros argumentos son los mas justos y razonables, por lo tanto no tenemos otro camino que vencer.

INQUILINOS ORGANIZADOS.