DEBATE PLAN DE LA PATRIA 2019-2025 SECTOR VIVIENDA
MOVIMIENTO
DE INQUILINAS E INQUILINOS
Dado el llamado del
Presidente Nicolás Maduro para debatir desde las bases el Plan Nacional de la
Nación, el Movimiento de Inquilinas e Inquilinos, nos reunimos el día sábado 13
de Enero del 2018, para dar nuestros aportes al Plan de la Patria 2019-2025
desde nuestra experiencia concreta en el sector vivienda, siendo este un
documento que sintetizaremos con nuestra plataforma del Movimiento de
Pobladoras y Pobladores y que a su vez nos sirva para orientar nuestra programa
de lucha.
Partimos de la premisa de
que la vivienda es un derecho humano y no un negocio y de que la lucha por la
vivienda va mas allá de cuatro paredes y un techo; esta perspectiva social,
política y cultural es una de las aristas en el cambio de paradigma del hábitat
y ciudad, por ello la lucha por vivienda digna de las grandes mayorías es la
lucha por la democratización de la
tierra y nos sentimos arropados en la
lucha del campesino por la tierra que trabaja, ¡somos la expresión en la ciudad
del campesino que lucha y recupera la tierra que trabaja!.
En el actual sistema en que
vivimos existen distintas opciones de acceder a un techo: construir su propia
vivienda, comprarla, mejorar la que se tiene, vivir “arrimados”, a través de
políticas de Estado o a través del alquiler.
Siendo el alquiler una forma de acceso a la vivienda se debe garantizar una política de arrendamiento socialmente responsable
que la garantice como alternativa de acceso a la tenencia de un techo donde
habitar.
Pero al contrario, el modelo
predominante aleja a la población al acceso de vivienda digna. La especulación
inmobiliaria en el marco global de la financiarización del capital opera como
un mecanismo auténticamente depredador
y parasitario sobre la economía real, en primer lugar directamente en las
familias, al tener que invertir un
porcentaje importante de sus ingresos
para el acceso a la vivienda, sea en compra o alquiler (en ocasiones es
de un 50 o 60% del presupuesto familiar), la capacidad de gasto de la población
para satisfacer otras necesidades de consumo desaparece prácticamente. En segundo lugar la economía real en conjunto
se contrae; a su vez los elevados rendimientos en suelo, capital inmobiliario y
derivados financieros de deuda hipotecaria, canaliza un flujo de inversiones de
capital que se sustraen del campo productivo, actúan en ocasiones como “lavado
de dinero” y retroalimentan la espiral especulativa. El magnetismo de la
inversión en patrimonio inmobiliario como valor refugio para momentos de crisis
se mantiene en este contexto casi intacto, por eso de que “el valor de la
vivienda siempre se elevará” según la matriz dominante del sentido común…hasta que explota la burbuja. Entre tanto el derecho
a la vivienda aparece como un bien inaccesible.
En la República Bolivariana
de Venezuela el corto lapso de desarrollo de la Gran Misión Vivienda Venezuela
(GMVV) con su millón y seiscientas mil viviendas construidas, ha paliado en
parte el crecimiento de la demanda de vivienda originado por la herencia
acumulada de la IV República, por el crecimiento poblacional y por el aumento
de la capacidad de consumo de la población. Sin embargo no llega a satisfacer
por ahora las expectativas y las necesidades reales en su totalidad. Ni el
desarrollo de la GMVV ni la Ley de Arrendamientos en vigor han frenado el crecimiento de valores
especulativos, tanto en la compra-venta de bienes inmuebles como en los alquileres.
El fenómeno “burbuja” está presente en los principales núcleos urbanos y por
extensión en todo el territorio, urbano o rural, de Venezuela. El efecto especulativo que se profundiza
con la denominada guerra económica actúa sobre la asignación de valor a la compra
o alquiler de inmuebles. Así podemos considerar la presencia de un alquiler de viviendas sobre la base del
siguiente mecanismo: en aquellas zonas donde la presión de la demanda es mayor
(por su ubicación, dotación de servicios y cercanía a fuentes de empleo) se
fijan unos niveles de precios especulativos, apuntando muy “hacia arriba”.
Estos niveles que en no pocos casos traducen en bolívares valores
internacionales, se transmiten a los extrarradios urbanos y zonas rurales a
modo de tasa de referencia. El disparate, si consideramos la capacidad
adquisitiva media de la población venezolana, está servido. Un repaso a los
anuncios inmobiliarios en prensa e internet de cualquier modalidad (compra o
alquiler) nos saca de dudas: acceder a una vivienda es un asunto casi utópico.
Desde la perspectiva de
facilitar el acceso a la vivienda como derecho se impone la necesidad de
abordar una intervención global que abarque tanto el desarrollo de la oferta de
vivienda pública, en los términos mejorados de la actual GMVV, como del
alquiler. Se ha comprobado que una ley garantista hacia el inquilino como la
actual Ley de Arrendamientos es necesaria pero insuficiente. Hace falta ir más allá en una intervención específica
sobre el mercado de alquiler. Vaya por delante la observación, dominante en el
imaginario popular, que considera vivir en alquiler como algo degradante
(“botar la plata”), una visión arraigada apegada al fetiche de la “propiedad”
como valor que estigmatiza el alquiler de vivienda como fórmula de segundo
orden. Pues bien, tomemos como ejemplo los países europeos (de la UE) de mayor
índice de desarrollo y bienestar social; algunos porcentajes (en 2009) de
población que viven en alquiler en algunos de estos países son: Alemania 51%,
Austria 40%, Bélgica 30%, Dinamarca 46%, Finlandia 34%, Francia 44%, Holanda
46%, Reino Unido 31%, Suecia 45%, Suiza 55%. En los países donde prendió la
burbuja inmobiliaria apegada a la tradición de la propiedad, los datos son
elocuentes: España 11%, Grecia 20%, Irlanda 21%, Italia 21%, Portugal 21%,
países estos que se enfrentan de forma extendida al drama de los desahucios.
Tras el estallido de la burbuja, el porcentaje en alquiler en estos últimos
países ha subido considerablemente. La amplitud del fenómeno del alquiler de
vivienda en los primeros países no obedece estrictamente a una cuestión
“cultural” o tradición social, responde igualmente a la intervención de los
estados en materia de fiscalidad sobre el patrimonio inmueble y la regulación
de las condiciones de mercado del alquiler.
A modo de síntesis y en
calidad de la orientación metodológica
del debate del Plan de la Patria 2019-2025 – en base a las 5 dimensiones:
político, cultural, social, económico y espacial – y partiendo de nuestras y
otras experiencias, se pueden establecer una serie de pautas encaminadas a
fortalecer y hacer avanzar la realidad del derecho a la vivienda desde la
perspectiva de la caracterización del arrendamiento de vivienda en Venezuela.
·
EL ARRENDAMIENTO COMO UNA ALTERNATIVA DE
ACCESO A LA VIVIENDA
Desarrollo de la política de
acceso a la vivienda en alquiler como parte de la perspectiva de la GMVV.
Crear
un Sistema de Arrendamiento Público a través de la Inmobiliaria Nacional.
Las instituciones vinculadas en la materia
deben garantizar el acceso y seguridad
jurídica en la tenencia de la vivienda alquilada.
Incentivar
el alquiler de viviendas socialmente responsable. Definir
políticas de estímulos para la construcción de viviendas de alquiler.
Garantizar a través de la Inmobiliaria Nacional el pago oportuno del alquiler y
el estado del inmueble de la vivienda alquilada.
·
DEMOCRATIZACIÓN Y
SEGURIDAD A LA TENENCIA DE LA VIVIENDA
Lucha
Contra el Latifundio Urbano de los inmuebles en alquiler.
Sumar en la meta de la GMVV la adquisición de las viviendas en manos del
latifundio urbano (multiarrendadores).
Generación de Viviendas
Transitorias Autogestionadas como respuesta eventual contra desalojos
arbitrarios, desastres naturales, con características físicas para tal fin.
Recuperación de inmuebles subutilizados para tal fin. Superar la experiencia de
los refugios gestionadas desde la institucionalidad.
Lucha contra toda expresión
de desalojo arbitrario y forzoso. Mecanismo de respuesta
y protección contra el desalojo de vivienda.
·
REIMPULAR LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD EN
MATERIA DE VIVIENDA Y FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR
Cumplimiento de parte de las
instituciones públicas de las leyes hechas en el proceso revolucionario en
materia de vivienda como la Ley de Regulación y Control de
Arrendamientos de Vivienda y la Ley contra el Desalojo y la Desocupación
Arbitraria de Viviendas
Democratizar los espacios de
toma de decisiones en las políticas de vivienda, en
nuestro particular sobre el tema del arrendamiento de viviendas. Participación
plena de los movimientos sociales, instancias del Poder Popular, Consejos
Comunales y Comunas en las instancias de tomas de decisiones y ejecución de la
gestión en materia de vivienda y hábitat
Transformación del sistema
de acceso a la justicia en materia de vivienda y hábitat:
Crear un Sistema Único de Protección al Acceso a la Vivienda que
centralice la política y evitar la tardía de la justicia
Impulsar mecanismos de
profundización de la organización colectiva para lograr el cumplimiento
de las metas en políticas de vivienda. Fortalecer las estructuras
organizativas de los movimientos sociales y expresiones del Poder Popular.
·
PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA TENENCIA DE LA
VIVIENDA
Erradicar toda forma de
desalojo de vivienda. Protección social contra los desalojos
en base a los aspectos de solidaridad y protección de la familia. Articulación
interinstitucional para dar respuesta cuando se presenten denuncias de desalojo
de vivienda. Considerar los efectos socio-emocional- psicológico en los casos
de desalojos. Creación en las instancias
pertinentes de grupos interdisciplinario de protección a la familia desalojada.
Ante la necesidad de recuperación por necesidad social de recuperar la vivienda
el propietario (no latifundista) reubicación del inquilino en tiempo prudencial.
Descriminalización de
las y los inquilinos por no tener propiedad de las viviendas.
Garantizar a grupos
vulnerables acceso a la vivienda. Generar mecanismos de
garantizar acceso a la vivienda a las y los adultos mayores, mujeres y juventud.
Destinar porcentaje de GMVV
a viviendas en alquiler, tanto en las nuevas construcciones
como en el mercado secundario a través de la Inmobiliaria Nacional, mediante
contratos que garanticen su continuidad cada 5 años siempre y cuando se cumplan
las clausulas contractuales.
Impulso de procesos
autogestionarios. Recuperar nuestra capacidad de construcción de
nuestras viviendas.
Creación de Sistema
de Consulta Nacional con el Carnet de la Patria para las personas que
viven en situación de inquilinato para establecer mecanismos de
adquisición de las viviendas habitadas.
·
LUCHA CONTRA LA ESPEULACIÓN INMOBILIARIA
Regulación definitiva de la vivienda
alquilada. Cumplimiento de mecanismo establecido en la
ley de arrendamiento para cálculo de valor de alquileres y venta de inmuebles
arrendados. Vivienda arrendada de vieja data su costo para la adquisición no
puede estar por encima de las nuevas construcciones de la GMVV.
Hacer factible que el acceso
a la vivienda en alquiler, que no exceda del 30% del presupuesto de los
ingresos familiares debidamente acreditados por los
ingresos fiscales. Ello implica una actuación fundamentalmente sobre la población
trabajadora debidamente formalizado (asalariada o por cuenta propia). Uso del
Carnet de la Patria para caracterizar criterios.
·
POLÍTICA TRIBUTARIA DE INCENTIVO DEL ALQUILER
DE VIVIENDA
Establecer mecanismos
fiscales disuasorios hacia la tendencia a acumular patrimonio inmobiliario
(el llamado latifundio urbano) como
forma de negocio, combinado con medidas fiscales facilitadoras de la fórmula en alquiler.
Generación de Fondo
de Subsidio para el Alquiler de Viviendas.
Penalización fiscal a la
vivienda vacía y/o a la tercera vivienda con un impuesto del
“X”% al valor de mercado del suelo. Se entiende como tal aquella vivienda
diferente a la residencial propia o la “vacacional”, de temporada. Se grava a
partir de una tercera o más viviendas a nombre de un propietario. Objetivo:
hacer muy costoso el mantenimiento de “latifundios” inmobiliarios paralizados y
activar el mercado de alquiler.
Subvencionar mediante ayudas
al alquiler, con un límite en la cantidad, a las rentas
más bajas siempre que ni los ingresos ni la cuantía del alquiler traspasen unos
determinados umbrales.
Desgravar fiscalmente al
inquilino de su declaración de renta al SENIAT un
porcentaje del importe anual del alquiler. Ello estimula la incorporación de
los ingresos por este concepto a la declaración del arrendador para su cómputo
general. Permite conocer si el valor del alquiler está en correspondencia con
la tasación originaria del inmueble o el valor de mercado actual, a efectos del
cobro del impuesto correspondiente al bien inmueble.
·
DESARROLLO DEL ASPECTO ÉTICO DE LA VIVIENDA
Pensarse las políticas de
vivienda sin reproducir las bases del capital inmobiliario
especulativo. Evitar la reproducción del pequeño propietario con visión de
acumulación de riqueza, para evitar creación de latifundio urbano y capital
especulativo inmobiliario.
Educación formativa con
respecto la vivienda como mercancía, contra el desalojo de vivienda,
entendiendo que la mercantilización de la vivienda en alquiler es sinónimo de
desalojo.
Incentivar culturalmente el
alquiler de vivienda social como alternativa al
acceso más allá de la propiedad.
Recuperación cultural de la
construcción de vivienda por sus habitantes, garantizando
políticas de formación para la autogestión.
Generar política comunicacional, campañas
e información a la población sobre el derecho
a la vivienda. Combatir
comunicacionalmente la criminalización contra la y el inquilino.
Crear espacios de reflexión que apuntan
a la construcción del Socialismo en base a las prácticas de los movimientos
sociales que reivindican la vivienda como un derecho, propiedad de uso
vs necesidad de la vivienda.
·
CONDICIONES DE HÁBITAT CON LA VIVIENDA
Garantizar derechos
involucrados al hábitat. La vivienda arrendada o adjudicada
debe estar cercana al trabajo. Incentivar servicios públicos en manos de las
comunidades organizadas.
·
GENERACIÓN DE NUEVAS COMUNIDADES EN EL TERRITORIO
Transformación de espacios
en la ciudad para el acceso a la vivienda en los llamados
cascos centrales. Densificación de las
llamadas pensiones manteniendo la identidad cultural del entorno.
Territorializar las
viviendas transitorias en base a la densidad de cada localidad
Reimpulsar los planes gubernamentales de identificar
terrenos donde se pueden construir nuevos urbanismos considerando
también el equipamiento urbano en las parroquias en conjunto con grupos
organizados.
·
REIMPULSO ORGANIZATIVO EN EL TERRITORIO
Reimpulso y fortalecimiento
de los comités de vivienda en los Consejos Comunales.
Uso del Carnet de la Patria
para la organización de la demanda en el sector vivienda en conjunto
con las organizaciones sociales y expresiones del Poder Popular que se
organizan por el derecho a la vivienda.
