Poder Popular y SUNAVI logran restitución del derecho a la vivienda a familia desalojada

El viernes 13 de septiembre de 2024, en la Parroquia Santa Rosalía de la ciudad de Caracas, con la acción de las instituciones del Estado y el Movimiento de Inquilinas e Inquilinos,se llevó a cabo una restitución a una familia inquilina que había sido víctima de un desalojo arbitrario.

Los desalojos constituyen una situación de vulnerabilidad tipificada en el derecho internacional. Muchas de sus consecuencias son similares a las de los desplazamientos arbitrarios y otras prácticas que implican acciones coercitivas e involuntarias hacia las personas para sacarlas de sus hogares, tierras y comunidades.

El Poder Popular, accionado por el Concejo Comunal Negro Primero, la comunidad de las Residencias Santa Rosalía, en unidad con el Movimiento de Inquilinas e Inquilinos acompañamos a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas SUNAVI y la Defensoría del Pueblo para realizar la restitución de una mujer inquilina, en un apartamento que había sido sometida a un desalojo arbitrario y así hacer justicia y no violentar el derecho a la vivienda de esta familia.

En el Movimiento de Inquilinas e Inquilinos trabajamos de forma coordinada y fortalecemos las diferentes instancias del Poder Popular a nivel nacional para construir la Patria cada día, con la participación protagónica del Pueblo Organizado y las instituciones públicas.

Destacamos que seguimos en la lucha para velar el cumplimiento del Decreto Ley Contra el Desalojo y la Desocupación de Viviendas, promulgado por el Comandante Hugo Chávez, ratificado por nuestro Presidente Nicolás Maduro y ratificado por el Consejo Municipal del Municipio Bolivariano de Caracas y para que se aplique en todos los Estados y Municipios del País.

Es importante hacer un pronunciamiento por parte de los entes competentes en la materia, para que no permitan más desalojos forzosos y arbitrarios que violentan la legislación venezolana, dejando en condición de vulnerabilidad a las familias víctimas de estos procedimientos. A la Fiscalía General de la República para que haga los llamados correspondientes o sancione, según sea la gravedad de los casos, a las y los Fiscales que se han prestado a abrir procesos jurídicos penales en contra de las y los inquilinos y las y los líderes populares de nuestros movimientos. Es importante fortalecer la Mesa Interinstitucional que se lleva en la Vicepresidencia de la República, con las autoridades competentes en la materia para estudiar los casos de desalojo que estén en proceso, teniendo además mesas y articulaciones en los estados donde exista presencia de la vocería de los Movimientos de Inquilinas e Inquilinos, el Ministerio del PP para la Vivienda y el Hábitat, Ministerio del PP para las Comunas Consejos Comunales y Movimientos Sociales, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo, SUNAVI, Asamblea Nacional, Consejos Municipales, Asambleas Legislativas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La GMVV debe priorizar políticas para esta problemática, mejorar los métodos de adjudicaciones y que las familias que estén en situaciones de vulnerabilidad sean beneficiadas con soluciones de manera oportuna.

También es importante masificar la adquisición de los Inmuebles de Vieja Data a través del cumplimiento de la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas. La culminación de la adquisición de los edificios señalados en el Punto de Cuenta del Comandante Chávez, y la compra de edificios dentro del Programa de Adquisición de Viviendas para las Familias en Condición de Arrendamiento, no solo del área Metropolitana de Caracas, sino en todo el país, experiencia esta que ha demostrado ser viable económicamente y que se viene ejecutando con la actual gestión de la SUNAVI.