Sistema de Defensa Inquilinaria sigue garantizando el derecho a la vivienda en plena pandemia

El día  jueves 14 de mayo en horas de la mañana el Sistema Nacional para la Defensa Inquilinaria y el Derecho a la Vivienda, constituido por la Defensoría del Pueblo, Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas, Policía Nacional Bolivariana y el Movimiento de Inquilinas e Inquilinos se apersonaron en la parroquia la Pastora, sector Castillito, colindante con la av. Sucre atendiendo una denuncia por corte de servicios y violencia de género en contra de la inquilina Zulay Coromoto Pérez Rodríguez. Luego de varias horas de conversaciones las partes acordaron la restitución inmediata de los servicios, el cese de las perturbaciones y hostilidades, el acondicionamiento de una entrada independiente para la inquilina y su núcleo familiar compuesto por otros 3 adultos dentro de los que se encuentran la madre y el hermano de la inquilina junto al esposo de su progenitora quienes también ocupaban un espacio distinto en la misma edificación desde hace 22 años en calidad de arrendatarios y que accedieron a entregar en un lapso de 15 días hábiles contados a partir de la firma del acta.

El regreso del inmueble por parte de la madre de la inquilina Zulay Pérez Rodríguez se acordó porque la misma manifestó qué dentro de sus próximos planes está el regresar a Mérida siempre y cuando cese el acoso y el hostigamiento en contra de sus hijos a lo que nos comprometimos los presentes a ser garantes de que no se repitan las situaciones que motivaron la denuncia. El núcleo familiar vivirá en un espacio compuesto de 3 habitaciones.

Diariamente el sistema recibe denuncias de perturbación y desalojos arbitrarios en plena cuarentena. En momentos tan complicados en particular en nuestro país, el llamado es a generar otras formas de resolver los conflictos, deben prevalecer los valores colectivos de la sociedad y la solidaridad que fomenten un hábitat para todas y todos.