Movilización contra la criminalización y judicialización de las familias que luchan por el derecho a la vivienda

 Este miércoles 18 de Enero, el Movimiento de Inquilinas e Inquilinos junto a otras organizaciones: Movimiento de Ocupantes(ambas forman parte del Movimiento de Pobladoras y Pobladores), algunas Asambleas de Viviendo Venezolano (AVV) y Comités de Tierra Urbana (CTU), se movilizaron a la cede del Circuito Penal Judicial del Área Metropolitana de Caracas para denunciar un proceso de criminalización y judicialización llevado por especuladores del sector inmobiliario y particulares (en algunos casos ligados a sectores de la derecha política del país), quienes acusan por la vía penal y de manera engañosa a familias que habitan espacios (ya sean inmuebles o terrenos) como su  vivienda principal en condición de inquilinas, trabajadoras residenciales, o como parte de un Comité de Tierra o una AVV.

Dicha movilización se llevó a cabo debido al incremento de situaciones donde familias (principalmente inquilinas) son denunciadas en Fiscalía y luego llevadas a juicio por el supuesto delito de invasión, todo ello para conseguir en la práctica un desalojo arbitrario de la vivienda por la vía penal y así evadir los procedimientos civiles y administrativos en materia de vivienda y hábitat.

En el año 2022 se judicializaron varios casos a inquilinos y una trabajadora residencial (anteriormente llamadas "conserjes"), siendo acusados de invasores a pesar de ser familias inquilinas (algunas habitando el inmueble por más de 20 años), estar al día con el pago de arrendamiento y estar habitando inmuebles que por ley deben ser ofrecidos en venta a los inquilinos ya que los propietarios son multiarrendadores ( sector inmobiliario que posee uno o varios edificios puestos en arrendamiento por muchas décadas y que a diferencia de los pequeños propietarios no lo necesitan ocupar para vivir). Varias de estas situaciones propiciaron la detención irregular de inquilinos, presión policial y firmas bajo coacción en tribunales para que desalojaran el inmueble para no ser detenidos.

En tal sentido se entregó un documento con cuatro solicitudes (carta completa al final de la nota*), por lo cual fue recibida una amplia vocería por el Presidente del Circuito Judicial. En dicha reunión con el Presidente del circuito, su equipo de despacho, varios jueces y el Diputado Carlos Mogollón de la Asamblea Nacional, escucharon los planteamientos de las vocerías a lo cual expresó la importancia de la articulación con el Poder Popular para garantizar el principal deber del Poder Judicial: Compromiso con el cumplimiento y desarrollo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y construcción de nuevas formas de participación popular afianzando la relación entre el Pueblo y el Sistema de Justicia.

En tal sentidos se llegaron a los siguientes compromisos:

1. Creación de un canal regular con el Movimiento de Inquilinos e Inquilinas y demás organizaciones.

2. Realizar jornada de formación con el personal tde los tribunales de su competencia.

3. Revisión de casos denunciados.

4. Generar mecanismos para que no se realicen desalojos por vía judicial o detenciones que busquen el desalojo de la vivienda por la vía penal.

5. Estudio y uso por el Poder Popular de la Ley de Amparo, Libertad y Seguridad Nacional, así como la Ley sobre Amparo a la Libertad Personal y las leyes para reformar el Sistema de Justicia, aprobadas durante los años 2022 por parte de la Asamblea Nacional, las que coadyuvarán en nuestra defensa cuando se hagan denuncias distintas a delitos penales y cuyo fin último sea el desalojo de la vivienda.

Por último el Presidente del Circuito Penal del AMC reiteró seguir trabajando para que situaciones como las denunciadas no se conviertan en un fraude a las leyes ni intento de terrorismo judicial.