Inquilinas movilizadas por la igualdad de género

Inquilinas acercaron sus aportes para la reforma de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia


El miércoles 26 de mayo se realizó el cierre de la recolección de propuestas para la reforma de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia en el marco de una reunión de la Subcomisión de Igualdad de Género presidida por la diputada Niloha Delgado. Las compañeras del Movimiento de Inquilinas e Inquilinos se acercaron con sus aportes junto con otras organizaciones, y diputadas y diputados de los diferentes estados que encabezaron la recolección de propuestas en todo el país.

                                                

La carta que entregaron las inquilinas a la presidenta de la subcomisión plantea incorporar al cuerpo de la Ley Orgánica la siguiente forma de violencia en el Artículo 15:

“Discriminación en el acceso a la tenencia de vivienda y tierra: Toda acción que discrimine a la mujer obstaculizando el derecho a la vivienda y a la tierra en sus diversas formas de tenencia como lo son el acceso a la propiedad y a políticas públicas o privadas para la adquisición o mejoramiento de la vivienda, sucesión o herencia, el alquiler o arriendo, la vivienda de refugio o de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierras. Se Constituye también como violencia de este tipo, la utilización de la propiedad o formas de tenencia de la vivienda con carácter de extorsión para perpetuar otras situaciones de violencia contra la mujer, la perturbación a la ocupación pacífica del inmueble, los cortes a los servicios básicos, el hostigamiento y acoso inmobiliario y la práctica del desalojo forzoso y arbitrario sin las garantías correspondientes de reasentamiento o reubicación y garantías procesales efectivas de ley.”


Por las inquilinas tomaron la palabra las compañeras Raquel Bravo de Cruz y Dilsia Arévalo y explicaron que “El Movimiento de Inquilinas e Inquilinos está conformado en más de un 85% por mujeres, que somos madres, sostén de hogar, cuidadoras de la familia, y adultas mayores. Somos mujeres que no tenemos la garantía de una vivienda digna, tal como sucede con las trabajadoras residenciales, campesinas, y mujeres de sectores populares, entre muchas otras.”

Hicieron mención de un caso de una inquilina de Portuguesa asesinada por un propietario y explicaron que muchas veces las instituciones no atienden estos casos correctamente porque no identifican que la falta de tenencia segura de vivienda profundiza la desigualdad de género. Esto sucede no solo en casos de inquilinato sino también por ejemplo cuando mujeres que son maltratadas no abandonan la vivienda que comparte con el agresor por la necesidad de un techo para sus hijos.

“En el caso de las inquilinas, necesitamos que las instituciones correspondientes asuman que la violencia de género es una problemática que muchas veces atraviesa nuestra relación de arrendamiento” Para este objetivo, propusieron generar jornadas de formación a los funcionarios públicos en el nuevo protocolo establecido para la recepción de las denuncias. Entendemos que la publicación del protocolo es un paso muy importante para la aplicación de la Ley Orgánica, pero vemos que aún hoy, muchas veces, ni en el Ministerio Público saben darles respuesta a nuestras compañeras: fallan en la determinación de qué agresión están enfrentando, siguen llegando procesos de mediación (pese a que la ley tipifica estos actos violentos como delito), no establecen protocolos de protección a las victimas (permitiendo que el agresor se mantenga en la vivienda) o incluso envían las citaciones judiciales al agresor a través de la víctima. Es necesario avanzar en la reglamentación de la ley y en la generación de protocolos de actuación de todas las instituciones que participen cómo órganos receptores de denuncias y aplicación de justicia.



                      
            

Las inquilinas también se refirieron a la discriminación de género en el acceso a la tierra y la vivienda y llamaron a la reflexión de que las mujeres cuentan generalmente con trabajos más precarizados que les impiden sacar créditos, que las herencias son fundamentalmente transmitidas a los hombres y que muchas veces se dedican a tareas de cuidado que no son valoradas monetariamente y les impiden pagar un alquiler. A partir de estas consideraciones es que entendemos que saldar la brecha de género es también apuntar por políticas que impulsen la seguridad en la tenencia de la vivienda para las mujeres y, para esto, se hace necesario reconocer la discriminación en el acceso a la tierra y la vivienda en nuestra ley orgánica.  

Sabemos que en Revolución logramos construir casas para muchas mujeres venezolanas y que ellas son las protagonistas cuando hablamos de Socialismo Bolivariano. Pensamos que es momento de dar un paso en el reconocimiento y la institucionalización de esta política. Hay avances en América Latina que podemos estudiar. Nos referimos, por ejemplo, a la preferencia en titulación a las mujeres en el programa de vivienda social brasileño “Minha Casa, Minha Vida” (creado por el presidente Lula). Creemos que el reconocimiento total de esta desigualdad puede ser un piso que respalde a nuestras mujeres aumentando su capacidad de una tenencia segura, por ejemplo, dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

La inclusión de este reconocimiento dentro del cuerpo de la ley orgánica le daría visibilidad a la problemática y serviría como herramienta de interpretación en favor de las inquilinas y de todas las mujeres sin vivienda segura. A su vez, permitiría promover estadísticas sobre las consecuencias de la desigualdad de género en el acceso al hábitat y la vivienda y pensar con que herramientas podemos combatirla. Para erradicar el machismo de nuestras ciudades, en el marco de la construcción de ciudades comunales, realmente despatriarcalizadas, tenemos que dar pasos firmes en esta batalla.

Por su parte, la diputada de Mérida Marsuni Bonilla, también miembro del Movimiento Viviendo Venezolano, apoyó la propuesta y expresó que el impacto del desalojo es siempre más fuerte en la población femenina.


                                Imagen: Colectivo de Organizaciones de Hábitat de Argentina


En América Latina solo el 25% de las mujeres son propietarias. El patriarcado afecta más violentamente a las mujeres más desposeídas, vamos por una reforma de ley que iguale e incluya a todas. 





Comentarios

  1. Gracias por aceptar mi inscripción en este popular e importante movimiento social.

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  2. Por ningún motivo el inquilino o la inquilina, debe aceptar presión ni chantaje de desalojo del propietario o administrador de inmuebles arrendados o alquilados que se usan como única y solamente de vivienda familiar, ya que no son bienes santuarios, de lujo sino la vivienda como una necesidad, lar u hogar, menos aceptar amenazas, amedrantamientos, cobros en dolares u otro tipo de moneda para forzar desalojo. LA VIVIENDA ES UN BIEN NECESARIO.de fácil demostración, si sirve de lar,alojo humano u hogar.

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