La nueva jugada de las mafias inmobiliarias
El presidente Nicolás Maduro ordenó investigar seis mil órdenes
de desalojo forzado contra familias venezolanas. ¿Qué se esconde tras
esta denuncia? Los inquilinos y movimientos populares señalan (con más
de una prueba) a la Cámara Inmobiliaria y a la Asociación de
Propietarios de inmuebles urbanos. ¿Será?
Mayo 4 de 2015, 12:15 pm
La piedra en el zapato
El 12 de noviembre del año 2011, el presidente Hugo Chávez promulgó
la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de
Vivienda, el primer instrumento legal surgido por iniciativa popular en
Venezuela (el artículo 204 de la Constitución establece la posibilidad
de crear leyes a partir de propuestas procedentes del pueblo) y
respaldado, en aquel momento, por más de 413 mil firmas recolectadas en
más de mil 150 asambleas populares a lo largo y ancho del país.
La normativa estableció y permitió la creación de una
Superintendencia Nacional de Viviendas (Sunavi) para llevar un registro
de la cantidad de arrendadores y arrendatarios (en el momento existían
más de 750 mil familias alquiladas), revisar todos los contratos,
establecer el canon de alquiler (año por año) y mediar ante cualquier
problema.
Sin embargo, en aquella oportunidad, desde el Teatro Nacional Chávez
expresó: "Vamos a conseguir resistencia en todas partes, en la
burguesía, en la canalla y hasta en el mismo Estado que está en
transición, y en donde todavía tenemos en los poderes factores
retrógrados que querrán obstaculizar el cumplimiento de estas leyes
justas".
En efecto, desde el instante de su aprobación sectores inmobiliarios y
mediáticos, grandes propietarios y sus apoderados judiciales, se han
dedicado a tergiversar completamente el contenido de la normativa,
tildarla como un nuevo ataque a la propiedad privada, o acusarla de ser
la culpable de exterminar la oferta de alquileres en el país.
Por esta razón, el actual presidente Nicolás Maduro finalmente alertó
días atrás: "Vamos a investigar por qué hay seis mil órdenes de
desalojo contra familias venezolanas. Cuidadito, el capital no está por
encima de la familia. Averiguaremos muy bien esto".
La nueva arremetida
En la actualidad se ha empezado una nueva (y más fuerte) arremetida
contra las personas que vivimos alquiladas (evidentemente por
necesidad). Para muestra un botón: en menos de tres semanas se reciben
120 denuncias de desalojos forzados únicamente en la ciudad de Caracas,
algunos llevados a cabo con éxito en La Pastora y Parque Central.
Desde el instante de la aprobación de la ley sectores
inmobiliarios se han dedicado a tergiversar completamente el contenido
de la normativa
De hecho, fue un intento de desalojo
(frustrado por más de cien personas de los movimientos sociales, de
pobladores e inquilinos) en el edificio Don Ricardo, piso 3, situado en
la esquina Aurora de la parroquia Altagracia, el que permitió, por su
cercanía al Palacio de Miraflores y la presencia de cámaras de
televisión, posicionar nuevamente este tema.
En este sentido, el coordinador del Frente de Resistencia contra los Desalojos Arbitrarios, Marcos García, explicó:
"Hay un plan orquestado desde la Cámara Inmobiliaria y la Asociación de
Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), apoyados por el señor
Roberto Orta Poleo, para desalojar a las personas que viven en condición
de alquiladas. Con este plan han creado zozobra, en especial porque
también se han encargado de distorsionar y crear matrices en el tema
habitacional".
A esto se le suman jueces, fiscales y funcionarios policiales que
pisotean la normativa y se prestan para los desalojos forzados pese a
que se encuentran prohibidos según la Ley contra la Desocupación
Arbitraria promulgada en Gaceta Oficial Nº 39.668.
Los porqués
La Cámara inmobiliaria maneja el 70% de los arrendamientos en el
Distrito Capital. De hecho, el negocio inmobiliario y de la construcción
en Venezuela agrega al PIB el 16%, más que la industria petrolera (13%)
y que los impuestos (11%), pese a que en nuestro país la mayoría de las
viviendas han sido autoproducidas por los pobladores (70%) y en segundo
lugar por el Estado.
De hecho, días atrás el propio presidente de la Cámara Inmobiliaria,
Aquiles Martini Pietri, confirmó: "De una producción de 80 mil viviendas
en 2009, el año pasado hicimos menos de 15 mil". En comparación con las
175 mil unidades construidas por el gobierno cada año, a pesar de que
la meta trazada es de 400 mil.
Pero además hay claras intenciones políticas. En este sentido, el diputado Tito Oviedo manifestó:
"Las mafias inmobiliarias se resisten a someterse a la Ley de
Arrendamiento de Viviendas, e incluso negocian propiedades en dólares,
derrumban nuestra moneda, tienen una práctica a veces más política que
comercial".
Además, en Caracas existen al menos 100 edificios de vieja data (con más de 50 ó 60 años erigidos) incluidos en una orden firmada
por el presidente Hugo Chávez en mayo de 2011 que establece que los
apartamentos deben ser vendidos a los inquilinos que llevan más de 20
años residiendo en ellos (la mayoría de ellos personas de la tercera
edad).
"Las mafias inmobiliarias se resisten a someterse a la Ley de Arrendamiento de Viviendas, e incluso negocian propiedades en dólares", dijo Tito Oviedo
Estos edificios fueron construidos por extranjeros en zonas como
Bello Monte, en las avenidas Solano, Victoria y La Candelaria, y con el
transcurrir del tiempo los fueron comprando grupos empresariales. En
estos años los propietarios los destinaron para alquiler; los dueños son
multiarrendadores que tienen varios edificios y que nunca ofrecieron en
venta los apartamentos pese a tenerlos alquilados por décadas a la
misma persona.
Sin embargo, las ventas están paralizadas porque los dueños de los
inmuebles no han querido negociar. Se supone que estos propietarios
deben ser citados para avanzar en las negociaciones y, si no acuden,
tienen que ser sancionados. Sin embargo, todo esto se encuentra
paralizado desde hace cuatro años.
Las leyes en materia habitacional no se están cumpliendo a cabalidad;
la Sunavi registra el problema, pero no lo solventa en los lapsos
establecidos; los grandes propietarios y la cámara inmobiliaria que los
agremia están ganando una partida con leyes y tribunales que, si no han
aplicado vejaciones y violencia, es porque el poder popular se los ha
impedido.
Las matrices
Sin embargo, una buena parte del pueblo venezolano ignora esta
realidad y cree en las falsas matrices de estos sectores. Por ejemplo:
"Se impone un impuesto por vivienda desocupada".
Sólo en el saturado municipio Libertador existen 40 mil viviendas
desocupadas o de "uso ocasional" (que en algunos casos consiste en
visitas una vez al año) sin contabilizar los terrenos ociosos. ¿Es esto
lógico en una ciudad tan saturada?
"No alquilo porque luego no se van a querer ir de ahí".
Sí, se prohibe el desalojo forzoso, pero la ley sí permite la
desocupación (por las vías legales y tras garantizar un refugio
temporal) cuando el inquilino, sin causa justificada, haya dejado de
pagar, haya dañado o hecho un uso deshonesto del inmueble, incumpla con
las normas básicas de convivencia o el pequeño propietario requiera el
lugar.
"La duración del contrato y la ecuación para determinar el valor del inmueble". Falso, por ley la duración del contrato fue reducida de tres años a uno, y el costo del inmueble se recalcula anualmente.
Lo que olvidan
Es cierto que existen inquilinos de terrible comportamiento, y que
además se niegan bajo el procedimiento legal a abandonar el apartamento
de un pequeño arrendatario que ha pasado a necesitarlo, por las razones
que sean. También propietarios que perdieron sus viviendas pagándoles a
abogados (de las mismas cámaras inmobiliarias) que terminaron dejando al
inquilino en la calle pero al dueño sin un centavo. Pero no podemos
dejar de darle vocería a la otra parte, reflejar el drama que conlleva
vivir alquilado.
¿Por qué nadie habla de las "garantías" (depósitos por adelantado de
hasta un año entero y muchas veces sin devolución del dinero)? ¿De los
alquileres que se aumentan cada tres meses o menos por "la inflación"
(pues los dueños toda su vida han subsistido únicamente del pago que a
ti te cuesta un mes entero de trabajo y un par de deudas)? ¿De aquellos
que pretenden obligarte a hacer transacciones en dólares cuando tú
percibes un salario en bolívares? ¿Del dinero que invertimos en los
arreglos que hacemos (gigantes filtraciones heredadas, por colocar sólo
un ejemplo) para un lugar que no es nuestro (como bastante saben
repetirnos)?
¿De los desalojos que por años se perpetuaron dejando al inquilino
sin agua, sin luz, asediando a sus hijos, cambiándoles la cerradura,
dejándoles las maletas en la calle a personas de la tercera edad,
violando la intimidad familiar a cualquier hora de la madrugada, con el
terror psicológico, sin ningún proceso legal? ¿Del latifundio urbano
(propietarios que tienen 10, 15, 20 edificios y ni siquiera viven en el
país sino que tienen testaferros, apoderados, administradoras encargados
de atacar a los inquilinos)? Existen inquilinos que llevan años pagando
en tribunales un dinero que absolutamente nadie reclama. ¿Qué tanto les
importa ese billete entonces? De hecho, la ley estipula que ese dinero
abandonado ahora puede ser usado incluso por los pequeños propietarios
para reparar las casas que un mal inquilino haya malogrado.
El mundo al revés.
fuente: http://misionverdad.com/la-nueva-jugada-de-las-mafias-inmobiliarias
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