martes, 5 de mayo de 2015

La nueva jugada de las mafias inmobiliarias

El presidente Nicolás Maduro ordenó investigar seis mil órdenes de desalojo forzado contra familias venezolanas. ¿Qué se esconde tras esta denuncia? Los inquilinos y movimientos populares señalan (con más de una prueba) a la Cámara Inmobiliaria y a la Asociación de Propietarios de inmuebles urbanos. ¿Será?


La piedra en el zapato

El 12 de noviembre del año 2011, el presidente Hugo Chávez promulgó la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, el primer instrumento legal surgido por iniciativa popular en Venezuela (el artículo 204 de la Constitución establece la posibilidad de crear leyes a partir de propuestas procedentes del pueblo) y respaldado, en aquel momento, por más de 413 mil firmas recolectadas en más de mil 150 asambleas populares a lo largo y ancho del país.

La normativa estableció y permitió la creación de una Superintendencia Nacional de Viviendas (Sunavi) para llevar un registro de la cantidad de arrendadores y arrendatarios (en el momento existían más de 750 mil familias alquiladas), revisar todos los contratos, establecer el canon de alquiler (año por año) y mediar ante cualquier problema.

Sin embargo, en aquella oportunidad, desde el Teatro Nacional Chávez expresó: "Vamos a conseguir resistencia en todas partes, en la burguesía, en la canalla y hasta en el mismo Estado que está en transición, y en donde todavía tenemos en los poderes factores retrógrados que querrán obstaculizar el cumplimiento de estas leyes justas".

En efecto, desde el instante de su aprobación sectores inmobiliarios y mediáticos, grandes propietarios y sus apoderados judiciales, se han dedicado a tergiversar completamente el contenido de la normativa, tildarla como un nuevo ataque a la propiedad privada, o acusarla de ser la culpable de exterminar la oferta de alquileres en el país.

Por esta razón, el actual presidente Nicolás Maduro finalmente alertó días atrás: "Vamos a investigar por qué hay seis mil órdenes de desalojo contra familias venezolanas. Cuidadito, el capital no está por encima de la familia. Averiguaremos muy bien esto".

La nueva arremetida

En la actualidad se ha empezado una nueva (y más fuerte) arremetida contra las personas que vivimos alquiladas (evidentemente por necesidad). Para muestra un botón: en menos de tres semanas se reciben 120 denuncias de desalojos forzados únicamente en la ciudad de Caracas, algunos llevados a cabo con éxito en La Pastora y Parque Central.

Desde el instante de la aprobación de la ley sectores inmobiliarios se han dedicado a tergiversar completamente el contenido de la normativa
De hecho, fue un intento de desalojo (frustrado por más de cien personas de los movimientos sociales, de pobladores e inquilinos) en el edificio Don Ricardo, piso 3, situado en la esquina Aurora de la parroquia Altagracia, el que permitió, por su cercanía al Palacio de Miraflores y la presencia de cámaras de televisión, posicionar nuevamente este tema.

En este sentido, el coordinador del Frente de Resistencia contra los Desalojos Arbitrarios, Marcos García, explicó: "Hay un plan orquestado desde la Cámara Inmobiliaria y la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), apoyados por el señor Roberto Orta Poleo, para desalojar a las personas que viven en condición de alquiladas. Con este plan han creado zozobra, en especial porque también se han encargado de distorsionar y crear matrices en el tema habitacional".

A esto se le suman jueces, fiscales y funcionarios policiales que pisotean la normativa y se prestan para los desalojos forzados pese a que se encuentran prohibidos según la Ley contra la Desocupación Arbitraria promulgada en Gaceta Oficial Nº 39.668.

Los porqués

La Cámara inmobiliaria maneja el 70% de los arrendamientos en el Distrito Capital. De hecho, el negocio inmobiliario y de la construcción en Venezuela agrega al PIB el 16%, más que la industria petrolera (13%) y que los impuestos (11%), pese a que en nuestro país la mayoría de las viviendas han sido autoproducidas por los pobladores (70%) y en segundo lugar por el Estado.

De hecho, días atrás el propio presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini Pietri, confirmó: "De una producción de 80 mil viviendas en 2009, el año pasado hicimos menos de 15 mil". En comparación con las 175 mil unidades construidas por el gobierno cada año, a pesar de que la meta trazada es de 400 mil.
Pero además hay claras intenciones políticas. En este sentido, el diputado Tito Oviedo manifestó: "Las mafias inmobiliarias se resisten a someterse a la Ley de Arrendamiento de Viviendas, e incluso negocian propiedades en dólares, derrumban nuestra moneda, tienen una práctica a veces más política que comercial".

Además, en Caracas existen al menos 100 edificios de vieja data (con más de 50 ó 60 años erigidos) incluidos en una orden firmada por el presidente Hugo Chávez en mayo de 2011 que establece que los apartamentos deben ser vendidos a los inquilinos que llevan más de 20 años residiendo en ellos (la mayoría de ellos personas de la tercera edad).
"Las mafias inmobiliarias se resisten a someterse a la Ley de Arrendamiento de Viviendas, e incluso negocian propiedades en dólares", dijo Tito Oviedo
Estos edificios fueron construidos por extranjeros en zonas como Bello Monte, en las avenidas Solano, Victoria y La Candelaria, y con el transcurrir del tiempo los fueron comprando grupos empresariales. En estos años los propietarios los destinaron para alquiler; los dueños son multiarrendadores que tienen varios edificios y que nunca ofrecieron en venta los apartamentos pese a tenerlos alquilados por décadas a la misma persona.

Sin embargo, las ventas están paralizadas porque los dueños de los inmuebles no han querido negociar. Se supone que estos propietarios deben ser citados para avanzar en las negociaciones y, si no acuden, tienen que ser sancionados. Sin embargo, todo esto se encuentra paralizado desde hace cuatro años.

Las leyes en materia habitacional no se están cumpliendo a cabalidad; la Sunavi registra el problema, pero no lo solventa en los lapsos establecidos; los grandes propietarios y la cámara inmobiliaria que los agremia están ganando una partida con leyes y tribunales que, si no han aplicado vejaciones y violencia, es porque el poder popular se los ha impedido.

Las matrices

Sin embargo, una buena parte del pueblo venezolano ignora esta realidad y cree en las falsas matrices de estos sectores. Por ejemplo:

"Se impone un impuesto por vivienda desocupada". Sólo en el saturado municipio Libertador existen 40 mil viviendas desocupadas o de "uso ocasional" (que en algunos casos consiste en visitas una vez al año) sin contabilizar los terrenos ociosos. ¿Es esto lógico en una ciudad tan saturada?

"No alquilo porque luego no se van a querer ir de ahí". Sí, se prohibe el desalojo forzoso, pero la ley sí permite la desocupación (por las vías legales y tras garantizar un refugio temporal) cuando el inquilino, sin causa justificada, haya dejado de pagar, haya dañado o hecho un uso deshonesto del inmueble, incumpla con las normas básicas de convivencia o el pequeño propietario requiera el lugar.

"La duración del contrato y la ecuación para determinar el valor del inmueble". Falso, por ley la duración del contrato fue reducida de tres años a uno, y el costo del inmueble se recalcula anualmente.

Lo que olvidan

Es cierto que existen inquilinos de terrible comportamiento, y que además se niegan bajo el procedimiento legal a abandonar el apartamento de un pequeño arrendatario que ha pasado a necesitarlo, por las razones que sean. También propietarios que perdieron sus viviendas pagándoles a abogados (de las mismas cámaras inmobiliarias) que terminaron dejando al inquilino en la calle pero al dueño sin un centavo. Pero no podemos dejar de darle vocería a la otra parte, reflejar el drama que conlleva vivir alquilado.
¿Por qué nadie habla de las "garantías" (depósitos por adelantado de hasta un año entero y muchas veces sin devolución del dinero)? ¿De los alquileres que se aumentan cada tres meses o menos por "la inflación" (pues los dueños toda su vida han subsistido únicamente del pago que a ti te cuesta un mes entero de trabajo y un par de deudas)? ¿De aquellos que pretenden obligarte a hacer transacciones en dólares cuando tú percibes un salario en bolívares? ¿Del dinero que invertimos en los arreglos que hacemos (gigantes filtraciones heredadas, por colocar sólo un ejemplo) para un lugar que no es nuestro (como bastante saben repetirnos)?
¿De los desalojos que por años se perpetuaron dejando al inquilino sin agua, sin luz, asediando a sus hijos, cambiándoles la cerradura, dejándoles las maletas en la calle a personas de la tercera edad, violando la intimidad familiar a cualquier hora de la madrugada, con el terror psicológico, sin ningún proceso legal? ¿Del latifundio urbano (propietarios que tienen 10, 15, 20 edificios y ni siquiera viven en el país sino que tienen testaferros, apoderados, administradoras encargados de atacar a los inquilinos)? Existen inquilinos que llevan años pagando en tribunales un dinero que absolutamente nadie reclama. ¿Qué tanto les importa ese billete entonces? De hecho, la ley estipula que ese dinero abandonado ahora puede ser usado incluso por los pequeños propietarios para reparar las casas que un mal inquilino haya malogrado.
El mundo al revés.

fuente: http://misionverdad.com/la-nueva-jugada-de-las-mafias-inmobiliarias
 

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