Carta al Fiscal General de la República por criminalización y contra los desalojos arbitrarios

 Caracas, 22 de febrero del 2022

Ciudadano

Tarek William Saab

Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela

Su despacho.-

 

Nosotras y nosotros, expresiones del Poder Popular organizados y organizadas en el Movimiento de Pobladores: Movimiento de Inquilinas e Inquilinos, Campamentos de Pioneros, Trabajadoras Residenciales, Movimiento de Ocupantes, Comités de Tierras Urbana, Asambleas de Viviendo Venezolano y otras organizaciones, queremos expresar y hacer público a nuestro Presidente de la República Nicolás Maduro Moro, nuestro Fiscal General de la República Tarek William Saab y a la opinión pública en general, nuestro total rechazo a la criminalización de la lucha popular, el acoso inmobiliario y los desalojos de familias que van en contra posición a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestra legislación nacional y las políticas que desde el Gobierno Bolivariano se impulsan en materia de hábitat y vivienda.

En tal sentido queremos enunciar lo siguiente:

1.                  La lucha por el derecho a la vivienda y al hábitat se enmarca a la lucha por la tierra. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, las luchas y demandas históricas por la democratización y el acceso a la tierra, tanto en el campo como en la ciudad, han sido una de las principales banderas de lucha asumidas por el pueblo revolucionario, nuestro Comandante Chávez y continuadas por nuestro presidente Nicolás Maduro.

 

2.                Tempranamente en el año 2002, el Comandante Chávez impulsa el Decreto 1.666 donde se crea la Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos y Periurbanos como expresión de la lucha por el hábitat y vivienda para los sectores más desposeídos, quienes en las décadas pasadas eran estigmatizados, víctimas de la criminalización y tratados de “invasores” por haber asumido el derecho a vivir en la ciudad y por haber autoproducido las barriadas populares, la Revolución Bolivariana nos reivindicó.

 

3.                Como parte de la deuda social heredada por los gobiernos de la Cuarta República, la Revolución Bolivariana consolida en el año 2011 la Gran Misión Vivienda Venezuela como parte de esta lucha por la democratización del acceso a la tierra y la seguridad jurídica a la tenencia de vivienda, es por ello que en ese año se promulga entre otros instrumentos la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas, Ley Especial de Refugios Dignos, Ley Contra los Desalojos y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, Ley de Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda y la Ley Especial para la Dignificación de las Trabajadoras y Trabajadoras Residenciales.

 

4.                Este nuevo y revolucionario marco jurídico ha permitido ser punta de la lanza para que miles de familias se puedan organizar y asumir de manera corresponsable junto a las instituciones del Estado las políticas por el acceso al suelo urbano y el derecho a la vivienda; pero como siempre, las políticas en favor de las grandes mayorías tienen  sus enemigos, así como en el campo están los latifundistas, en la ciudad las mafias inmobiliarias  quienes ven en la vivienda un negocio, actúan en contra de las políticas que impulsa nuestro gobierno junto al pueblo organizado.

 

5.                En tal sentido, queremos manifestar nuestro rechazo y denunciar ante la Fiscalía General de la República a la criminalización de la lucha popular, en particular de los movimientos que construimos una política de acceso al suelo urbano, la tierra y la vivienda digna.

 

6.                Denunciamos la criminalización, judicialización y penalización a través del artículo 471 del Código Penal como forma de contener la lucha popular de quienes venimos impulsando y defendiendo las políticas por el derecho a la vivienda en base al marco jurídico mencionado anteriormente.

 

7.                Señalamos y denunciamos el acoso y hostigamiento de quienes cometen delitos y violan nuestra seguridad jurídica a la tenencia de vivienda y de un hogar realizando desalojos arbitrarios, cortes de servicios básicos, violencia física, verbal y psicológica, en particular a las familias inquilinas y trabajadoras residenciales, ello cobra mayor relevancia cuando es realizado a mujeres quienes habitan con menores de edad o adultas y adultos mayores.

 

8.                Alertamos los intentos de criminalizar las formas de gestión comunitaria y de sus formas de propiedad como la propiedad colectiva y los procesos de producción autogestionaria, que son modelos reconocidos y contemplados en nuestro ordenamiento jurídico pero que los factores del capital inmobiliario atacan con todas sus fuerzas.  

  

9.                Manifestamos las dificultades que tienen los ciudadanos y ciudadanas ante el Ministerio Público, en especial las familias inquilinas y trabajadoras residenciales, ya que algunos fiscales no reciben denuncia cuando son hostigados o desalojados arbitrariamente y se cometen los siguientes delitos: perturbación a la ocupación pacífica del inmueble (art. 472 CP), hacerse justicia por sí mismo (270 CP), introducirse en domicilio ajeno contra la voluntad de quien tiene derecho a ocuparlo (art. 183 CP), secuestro de sus bienes y pertenencias personales, agavillamiento, o peor aun cuando estas acciones se hace con la participación de funcionarios de alguna institución como cuerpos policiales procediendo fuera del marco jurídico y  manchando la reputación de las instituciones a la cual pertenecen. Del mismo modo la criminalización en las últimas semanas, impulsadas por medios de la derecha nacionales e internacionales – como el Nuevo Herald – así como de voceros de la derecha venezolana, quienes en su campaña y criminalización hacen exposición al desprecio y al odio público por las redes sociales.

 

10.            Señalamos que sectores inescrupulosos pretenden utilizar la Fiscalía para abrir procesos de judicialización contra los liderazgos populares a partir de falsas denuncias que buscan desacreditar los procesos de organización y lucha popular.

 

11.            En tal sentido planteamos: Primero, que desde la Fiscalía General de la República se investigue estas acciones de criminalización contra las luchas por el suelo urbano, la tierra y el derecho a la vivienda que al final buscan criminalizar la pobreza. En segundo lugar, que se reitere lo planteado por nuestro Fiscal General de la República en rueda de prensa del 23 de septiembre del 2021 en donde expresaba que “en los casos de denuncias ante el Ministerio Público  donde las investigaciones desprenda que la naturaleza jurídica de lo investigado es distinta a la penal, dar  sobreseimiento debidamente motivado”, lo cual ocurre en varias denuncias por el supuesto delito señalado en el artículo 471 del Código Penal , donde incluso se incurre en simulación de hecho punible. Tercero, que las denuncias de perturbación y desalojos arbitrarios sean investigados bajo los delitos enunciados anteriormente. Cuarto, desarrollar una línea firme de defensa en los casos de acoso laboral contra las trabajadoras residenciales  y sus familias. Quinto, crear una fiscalía especial que se encargue de la defensa en los temas del Derecho al hábitat, la Vivienda y Contra los Desalojos Arbitrarios. Por último investigar los casos que el día de hoy presentamos ante la institución que dignamente preside.

 

“Contra la Criminalización de la Lucha Popular”

“Contra el acoso Inmobiliario”

“Contra los Desalojos Arbitrarios”

“En defensa de las leyes de la Revolución”