En defensa de la Constitución,propiedad colectiva y autogestión!

En defensa de la Constitución: propiedad colectiva y autogestión popular

pobladoras y pobladores marcharon en respaldo al TSJ

Carcas, 26 de agosto del 2016

Este jueves en la ciudad de Caracas, cientos de personas pertenecientes a la Plataforma del Movimiento de Pobladoras y Pobladores de Venezuela (Campamentos de Pioneros, Comités de Tierra Urbana, Movimiento de Inquilinos, Movimiento de Trabajadoras Residenciales Unidas por Venezuela y el Movimiento de Ocupantes de Edificios Organizados), se movilizaron desde la Plaza Diego Ibarra hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia con la finalidad de respaldar las decisiones que este Tribunal ha tomado en defensa del Estado Social de Derecho y de Justicia establecido en nuestra Constitución.

El TSJ decide a favor del Derecho a la Vivienda

Los miembros de dicha organización se refirieron a  la Sentencia de la Sala Constitucional del 6 de mayo, donde se declaró la INSCONSTITUCIONALIDAD  de la “Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y Otros Programas Habitacionales del Sector Público” sancionada por la Asamblea Nacional “burguesa”, ya que la decisión  emanada por el TSJ  incluye  CONSIDERACIONES que a juicio de las y los pobladores tienen un carácter de avanzada en cuanto a la materialización del Derecho Humano a una Vivienda y Hábitat Dignos y establece una importante jurisprudencia en este aspecto, incluso de transcendencia internacional.

En el comunicado entregado al máximo Tribunal plantean  en torno  a la sentencia lo siguiente: “La valoramos como una decisión justa, que defiende los derechos individuales y colectivos del Pueblo venezolano frente a los intereses crematísticos de los grupos económicos y políticos que impulsaron dicho proyecto de ley, en función del beneficio del capital financiero inmobiliario especulativo, y que siempre buscará empobrecer y despojar a la clase trabajadora de los derechos sociales que hemos conquistado”

Propiedad Colectiva y Autogestión

Desde ya hace más de 4 años El Movimiento de Pobladoras y Pobladores viene desarrollando una política de autogestión como política de transformación de las relaciones sociales en la ciudad y como herramienta de lucha por la producción social del hábitat. La autogestión la diferencian de la autoconstrucción, ya que es un proceso que se caracteriza por la gestión directa de las familias en la toma de decisiones de forma colectiva, en la gestión directa de los recursos, en la planificación colectiva tanto política como técnicamente, en la construcción del hábitat y la vivienda sin la participación de la empresa privada, en la organización del trabajo impulsando la solidaridad y el apoyo mutuo, pero fundamentalmente la autogestión la plantean como un modo de vida, que no sólo se desarrolla en la construcción de sus viviendas sino en todos los aspectos de la vida, en una alternativa de organización económica y en un nuevo modelo cultural.

 Dentro de ese nuevo modelo se encuentra la PROPIEDAD COLECTIVA, la cual va de la mano con la autogestión, por tal motivo el movimiento social solicitó al TSJ evaluar junto con una comisión de la Sala Constitucional, los alcances de esta sentencia, en especial lo relativo a la Propiedad Colectiva, como una forma de propiedad y tenencia de la tierra y la vivienda que permite “garantizar el derecho de las familias a una vivienda digna” (extraído de la propia Sentencia). El Movimiento de Pobladoras y Pobladores ha venido reivindicando desde su nacimiento el derecho a disponer de forma colectiva y comunitaria los bienes socialmente producidos bajo la modalidad autogestionaria para satisfacer la necesidad de una vivienda y hábitat dignos de sus comunidades y familias, pero se han topado con mucha resistencia cultural e ideológica para su reconocimiento y materialización. Entienden el “Derecho a la Propiedad Colectiva” (Artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), como un derecho humano garantizado por el Estado Social de Derecho y de Justicia Imperante en Venezuela.